
El consejero electoral Uuc-kib Espadas sostiene que la estructura del Instituto Nacional Electoral sigue en pie y que el organismo trabaja para garantizar una jornada limpia el 6 de junio de 2027. Sus declaraciones llegan en medio de señalamientos por presuntos malos manejos administrativos dentro de la institución.
Revisión de personal y de procesos de contratación
Según Espadas, el INE revisa actualmente al personal posiblemente involucrado en irregularidades, así como los mecanismos de adquisiciones y contratación. El objetivo, afirmó, es proteger a la institución de procedimientos ilegítimos mientras avanza el proceso electoral.
El consejero también señaló que se ha sobredimensionado la situación y que se ha buscado instalar la percepción de que el instituto no es confiable para organizar elecciones. Sus afirmaciones son posiciones de un integrante del Consejo, por lo que conviene contrastarlas con los resultados de las investigaciones en curso.
Quién decide las compras electorales
Espadas aclaró que las Consejerías Electorales y el Consejo General no intervienen en la adjudicación de contratos para la adquisición de credenciales, boletas o teléfonos. De acuerdo con su explicación, esas decisiones administrativas corresponden a la Junta General Ejecutiva.
Esta distinción es relevante para entender la cadena de responsabilidades: quién autoriza una compra y quién la supervisa no siempre coincide, y en el caso de las compras electorales el marco interno asigna funciones distintas a cada órgano.
Vigilancia ciudadana y participación en la elección
El consejero consideró que la vigilancia ciudadana y partidista es fundamental para fortalecer la democracia. Por ello, invitó a quienes desconfían de la autoridad electoral a participar como funcionarios de casilla, observadores electorales y vigilantes de los procedimientos, figuras que, subrayó, están abiertas a toda la ciudadanía.
Espadas lamentó que la controversia surja en pleno proceso electoral, cuando la jornada se acerca, y sostuvo que los resultados del 6 de junio de 2027 reflejarán el sentido del voto ciudadano. Según su planteamiento, esos resultados servirán para demostrar que los señalamientos no comprometen la integridad de la elección.